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Am�rica Latina festeja el duro rev�s contra la racista Ley de Arizona.

Sondeo sobre hispanos del Pew Hispanic Center a prop�sito de la ley antiinmigrante de Arizona Foto:gustavo iz�s/AFP

152 muertos en terrible avionazo pakistan�:No hay sobrevivientes.

Familiares de las v�ctimas que iban en el avi�n que se estrell� a las afueras de Islamabad lamentan la noticia. Jul 28 2010. Un avi�n comercial pakistan� con 152 personas a bordo se estrell� el mi�rcoles en medio de malas condiciones clim�ticas en las colinas cercanas a Islamabad, dejando al menos 10 muertos, dijeron funcionarios. REUTERS/Mian Khursheed

La Cr�sis Venezuela vs Colombia:Foto Reportaje.

Foto de archivo de soldados de la Guardia Nacional venezolana en la regi�n fronteriza con Colombia de San Antonio, nov 3 2009. Venezuela reforz� la presencia de soldados en dos estados fronterizos con Colombia, dijo el lunes un general, atendiendo la orden dada por el presidente Hugo Ch�vez de permanecer en alerta luego de que rompi� relaciones diplom�ticas con su vecino. REUTERS/Jorge Silva

Tras Venezuela, ahora Nicaragua le declara la guerra a Colombia.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en una ceremonia de finalizaci�n de una operaci�n de desminado en la base militar de Xiloa, a unos 17 kil�metros al sur de Managua, el 18 de junio de 2010. Ortega dijo el s�bado que el ej�rcito 'est� presto' para defender la soberan�a si Colombia autoriza concesiones petroleras en una zona mar�tima que ambos pa�ses disputan en el Caribe. Foto:Elmer Mart�nez/AFP

Alicia Machado escandaliza con fotos desnudas y ataca a Hugo Ch�vez.

La modelo venezolana Alicia Machado est� arrasando con las fotos que ha protagonizado en la edici�n mexicana de 'Playboy' este julio de 2010. Las b�squedas de su nombre en Google se multiplican y todo est� preparado para que la sesi�n de la venezolana se convierta en una de las m�s celebres que la revista del 'conejito' haya publicado jam�s. Tambi�n se ocup� de Hugo Ch�vez consider�ndolo como a la "peor desgracia que le haya sucedido a Venezuela". Foto: cortes�a sinflash.com, Playboy M�xico

Cencosud, due�a de cadena Wong, anuncia llegada de Tiendas Easy y Paris a Peru

CENCOSUD busca consolidarse en Argentina y Per�.
Para nuestro pa�s, CENCOSUD, tiene en agenda mayores inversiones con la instalaci�n de sus Tiendas Easy y Paris que se sumar�n a la gran cadena Wong adquirida en enero 2008.

El anuncio lo hizo el presidente de CENCOSUD en una entrevista publicada en el diario El Mercurio, en su edici�n dominical de 25 de julio 2010.

A continuaci�n, la entrevita, tal como fue publicada:

Presidente de Cencosud, Horst Paulmann, habla en exclusiva con "El Mercurio" tras un año y medio de silencio:
"Cuando hay menos impuestos, hay m�s inversiones, y eso es lo que necesitamos"

"De frent�n, no me gusta que se haya hecho un aumento de impuestos", reconoce el empresario, pero agrega que apoyar� al gobierno de Piñera en todo, y pide lo mismo de parte de la Concertaci�n.

Jos� Troncoso Ostornol

Fue en Per� donde Horst Paulmann Kemna decidi� dar su primera entrevista, despu�s de un año y medio de silencio. Un par�ntesis al bajo perfil que cultiva desde el inicio de la crisis.

La elecci�n del pa�s no fue al azar: el presidente y principal accionista de Cencosud quer�a mostrar lo que la compañ�a est� haciendo en Per�. La fecha tampoco fue improvisada. El pasado 18 de julio se efectu� en Lima el Corso, un carnaval que la empresa Wong realiza desde hace 23 años y que Cencosud mantuvo tras comprar esta cadena de supermercados en 2007.

Fueron m�s de 100 mil personas las que congreg� el evento, que oblig� al cierre de las principales calles de Lima para permitir el tr�nsito de carros aleg�ricos, grupos de bailes aut�ctonos y bandas musicales.

En medio de esta fiesta, Paulmann habl� en exclusiva con "El Mercurio". "El Corso es algo �nico en el mundo. Por primera vez tuvimos el apoyo del Ej�rcito, la Marina y la Polic�a peruana, tocando sus bandas y desfilando. A m� me llena el coraz�n de orgullo", lanza de entrada.

-La crisis paraliz� muchos proyectos. Hoy ya se han reactivado obras como Costanera Center ¿En qu� posici�n est� la compañ�a?

"Estamos en un excelente camino. Durante un año suspendimos todos los proyectos, pero hemos vuelto a hacerlos. No es f�cil cuando se para algo volver a echarlo a andar, pero ya estamos tomando el ritmo".

Toma un respiro: "En los �ltimos meses hemos tenido un crecimiento enorme en la rentabilidad, porque aprendimos a mirar hacia adentro de la compañ�a. Esto ha sido lo que hemos hecho los meses despu�s del año 2008, y especialmente 2009. Hoy, Cencosud es cada d�a m�s eficiente, y va a sorprender cada d�a m�s".

-Ya super� la meta de vender US$ 10 mil millones ¿Ahora busca duplicar el tamaño de la empresa?

"Vendemos arriba de US$ 12 mil millones. Es algo impresionante. Pero no se trata de ser el que m�s vende, sino ser el m�s eficiente".

-¿Esa es una espinita? Porque hay otras empresas que venden menos y ganan m�s.

"No es una espinita, porque a nivel internacional, como supermercados, tenemos un Ebitda extraordinario y usted ve este año, mes a mes, est� mejorando. No podemos quejarnos, pero podemos hacer mucho m�s".

Chile y la arena pol�tica

La �ltima gran jugada de la compañ�a liderada por Paulmann -que naci� en Kassel, Alemania- fue la compra de un terreno frente al mall Alto Las Condes, tambi�n de propiedad del grupo. "La idea es hacer un shopping abierto para alta moda, al estilo del Portal La Dehesa, y unirlo con el Alto Las Condes con una conexi�n subterr�nea y a�rea para los autom�viles", explica, sin precisar los plazos de inicio.

Tambi�n analiza trasladar el Jumbo al nuevo terreno, porque en todo el Alto Las Condes, este hipermercado es el �nico lugar que tiene s�lo un piso. "No tiene sentido con el valor que tienen los terrenos en el sector", afirma.

Sobre el mall que se proyecta en el sitio eriazo aledaño al Colegio Saint George, en Vitacura, anuncia que est�n esperando los permisos de impacto vial. Lo mismo pasa en los terrenos de la ex Fisa, donde tambi�n se construir� un shopping.

Pero no s�lo hay proyectos a nivel local. S�lo este año el conglomerado invertir� en Latinoam�rica US$ 800 millones.

"Hay mucho capital en el mundo y no hay proyectos. Y la gran ventaja de Cencosud es que tenemos much�simos proyectos muy interesantes, tanto en Brasil como en Per�, Colombia, Argentina y Chile. Esto le da una fortaleza tremenda a la empresa", explica. Tras una pausa, exclama:"¡Porque no hay uno, cinco o diez, hay docenas y docenas de proyectos que nos van a llevar a un gran crecimiento y esto es lo que les interesa a los inversionistas!".

A Paulmann no le gusta hablar de pol�tica. Pero no reh�ye hacer un balance del actual gobierno.

"Nunca en la historia ha habido un gobierno con este nivel de funcionarios p�blicos, con la calidad de los ministros, de los subsecretarios y toda la gente que ha ido con entusiasmo desde la empresa privada. Chile podr�a ser un pa�s extraordinario y con este gobierno creo que vamos a tener un empuje que nadie se lo ensueña", dice.

-¿A su juicio la Concertaci�n est� haciendo una oposici�n constructiva?

"Al Gobierno de turno hay que apoyarlo. Yo no hablo contra la Concertaci�n, porque no soy pol�tico, pero hoy d�a tenemos un gobierno con Piñera a la cabeza, y tenemos que apoyarlo todos los chilenos, aunque sean de la oposici�n".

-¿Qu� le pareci� la escena que vivi� en el Congreso su ex mano derecha, el ministro de Miner�a, Laurence Golborne?

"Yo le digo que hay que apoyar al Gobierno, pero no hay que aceptar todo lo que hace. El ministro de Miner�a es muy inteligente, pero hay cosas que a m� no me gustan. De frent�n no me gusta que se haya hecho un aumento de impuestos".

-¿No al alza de impuestos entonces?

"Cuando hay menos impuestos, hay m�s inversiones, y eso es lo que necesitamos. Yo creo que esto fue una decisi�n mal tomada, pero despu�s de la guerra, todos son generales. As� que yo no critico, no me gust�, ya se hizo y yo apoyo".

-¿Est� preparando su salida de la compañ�a?

"Por qu� cree que vengo para ac�, porque me tienen jubilado (lanza una risotada)".

-¿Pero cu�nto tiempo m�s piensa estar en la presidencia de Cencosud?

"No s� yo, hay que preguntarles a los accionistas ¿Usted ya me ve viejo?, ¿quiere que me vaya a casa?

-No, s�lo saber si est� preparando a su sucesi�n.

"No me pregunte lo que no le voy a contestar. Lo �nico que puedo decirle es que Cencosud es una compañ�a que camina sola, con o sin Paulmann".

"No hay ni una necesidad de llevar la compañ�a a otro pa�s"

-¿El momento que vive Latinoam�rica es una oportunidad para abordar nuevos mercados?

"No hay mucho m�s d�nde expandirse. Estamos muy contentos en los pa�ses en que estamos y no hay ni una necesidad de llevar la compañ�a a otro pa�s. Chile, Colombia, Per�, Brasil y Argentina son excepcionales. Pero a Argentina hay que saber manejarlo. Como estuve 23 años viviendo ah�, conozco al pa�s, sabemos c�mo hay que moverse. En los 30 años que llevamos, Cencosud nunca hizo un balance negativo. Son pocas las empresas argentinas que digan eso".

-¿Y las restricciones a las importaciones en ese pa�s?

"Son momentos que pasan, pero siempre el consumo sigue igual (...). Uno, cuando expande la compañ�a a otros pa�ses, debe hacerlo sin deudas".

"Cuando hay una recesi�n fuerte, hay otros que se asustan y venden. Yo siempre digo que ojal� mañana vuelva una crisis para que otra compañ�a se vaya y Cencosud siga creciendo"

Luego, sin dar nombres, dispara: "A una empresa americana o francesa qu� le importa Argentina, Chile o Per�. Si les va mal, venden y se van. Nosotros somos una empresa familiar y siempre vamos a estar en Am�rica Latina; ese es el fuerte".

- ¿Le interesa M�xico? Casi compraron la cadena de supermercados Gigante.

"El año antepasado est�bamos con ganas de hacer algo en M�xico. Menos mal que no fuimos, fue una gran suerte porque le ha tocado muy duro a M�xico".

-¿Cu�les son las operaciones con m�s potencial?

"Per�, Brasil, Chile y Argentina. En Colombia estamos s�lo con los Easy, as� que mientras no estemos con supermercados, no podemos hablar de un tremendo crecimiento. As� es que el d�a que alguien quiera vender la compañ�a... porque empezar de cero es muy dif�cil".

-¿Busca comprar una cadena?

"Depende si se puede hacer. Siempre en la vida alguien se cansa y no quiere seguir. Por el momento no hay nada".

-En Per� s�lo tienen supermercados ¿Se tom� la decisi�n de llegar con las tiendas Easy y Paris?

"Es obvio que alg�n d�a vamos a tener que llegar con las dem�s divisiones, pero no le puedo decir si esto va a hacer hoy o mañana.".

Costanera Center: "El t�nel por A. Bello no es problema nuestro"

Horst Paulmann asegura que actualmente hay unos 1.500 trabajadores en el megaproyecto Costanera Center y que se est� cumpliendo con los plazos. Anuncia que el centro comercial abrir� en octubre o noviembre del pr�ximo año y que la Gran Torre Costanera (de 300 metros de altura) estar� lista durante el segundo semestre de 2012. Y en medio de estos planes, asegura que "ninguna, ninguna obra de Cencosud, necesita un t�nel por Andr�s Bello. Estos son inventos".

-¿Est� abierto a financiar parte de la obra? Cencosud se beneficiar�a...

"Siempre hemos dicho que encantados participamos y ayudamos a financiar, pero no tenemos ninguna necesidad de hacer ninguna mitigaci�n de las que dice el Eistu (N. de la R.: Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano). Este dice que nosotros abrimos Costanera Center con todo, sin necesidad del t�nel por Andr�s Bello".

-¿Cu�nto aportar�a para soterrar Andr�s Bello, que costar�a unos US$ 35 millones?

"Hace cuatro años ofrecimos 250 mil UF, que hoy d�a son m�s o menos US$ 10 millones. Esto es adicional a todo el plan que ya se aprob�".

La compañ�a ya tiene comprometidos US$ 13 millones para, entre otras cosas, hacer un segundo puente sobre el Mapocho para extender la calle Nueva Tajamar.

-¿Se reunir� con el Gobierno?

"Con el ministro de Obras P�blicas tuvimos una reuni�n hace como 60 d�as . Qued� en nada, qued� en el camino".

-¿El Gobierno no quiere invertir?

"No s�, as� que es problema de ellos, no es problema nuestro".

Agrega categ�rico: "Esto se va a poner todos los d�as peor. Con la alimentaci�n que viene por la nueva Costanera Sur, con todos los tacos y problemas que existen en la zona, por la nula o casi nula mitigaci�n que hicieron el World Trade Center y el edificio Titanium. Estos piensan que los (arreglos) va a hacerlos Cencosud, ni loco. No tenemos ninguna necesidad".

-¿Cu�nto debieran aportar estas empresas?

"Cada uno sabe lo que hace, pero la autoridad no puede pretender que uno solucione el problema de Andr�s Bello y de la rotonda P�rez Zujovic. Ja!, es para la risa".

Presidente Rafael Correa notifica al Congreso de su pa�s con la disoluci�n

Calentamiento regional!!!

La tensi�n crece entre Venezuela y Colombia. Y, amenaza con ampliarse a las entegas de crudo a los Estados Unidos.

La temperatura pol�tica tambi�n se calienta internamente en Ecuador donde su presidente, Rafael Correa acaba de notificar con la disoluci�n del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones si no aprueban 4 proyectos de ley.

El diario La Tercera ha resaltado esa noticia en la primera plana de su edici�n digital del domingo 25 de julio 2010, en los t�rminos siguientes:

"El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirti� hoy que podr�a disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones presidenciales, en medio de una disputa con el poder legislativo por la aprobaci�n de al menos cuatro leyes consideradas clave por el gobierno.

El mandatario hizo el anuncio luego de que la Asamblea, controlada por el oficialismo, en una semana llena de disputas pol�ticas que casi llegan hasta a los enfrentamientos f�sicos, demor� los tr�mites de iniciativas de Educaci�n Superior e Hidrocarburos.

"No excluimos la disoluci�n de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones legislativas presidenciales para el resto del per�odo; es decir, la llamada muerte cruzada estipulada en la constituci�n precisamente para evitar este bloqueo", dijo Correa.

En la v�spera, el mandatario anunci� que pondr� en vigencia desde el lunes la nueva Ley de Hidrocarburos argumentando que el plazo otrogado a la Asamblea para su tr�mite de 30 d�as no fue cumplido.

"Si la Asamblea Nacional contin�a bloqueada por maniobras inescrupulosas (...) llamaremos a que se pronuncien las grandes mayor�as. Llamaremos para que el pueblo ecuatoriano acuda a las urnas cuantas veces sea necesario", agreg� el mandatario durante un acto castrense en la ciudad porteña de Guayaquil.

Los proyectos de Ley de Comunicaci�n y de Recursos H�dricos son dos iniciativas m�s que se encuentran estancadas en el legislativo esperando su aprobaci�n.

La propuesta para regular la actividad comunicacional es procesada en el pleno de la Asamblea desde octubre sin arrojar resultados."

Resumen semanal(19-25 jul-2010)con las im�genes que trascendieron en la noticia

Ri Tong Il (al centro en la imagen), diplom�tico norcoreano y portavoz de su canciller Park Ui-chun, durante el foro de seguridad de Asia en Han�i, jul 22 2010. Corea del Norte denunci� los planeados ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur como un grave peligro para la regi�n y critic� las nuevas sanciones estadounidenses como 'hostiles', pidiendo a Washington enfocarse en reiniciar las charlas sobre armas nucleares. REUTERS/Hoang Dinh Nam/Pool

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Todo poder p�blico est� impedido de actuar contra sentencias del TC

Aclaraci�n del Tribunal Constitucional a la sentencia expedida en el caso cementos Lima

Las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran INAPLICABLE una norma legal surten sus efectos a partir del d�a siguiente de su notificaci�n y por lo tanto "todo poder p�blico se encuentra impedido de aplicar la referida tasa a todo sujeto que se subsuma en su supuesto normativo".

EXP. N.º 03116-2009-PA/TC
LIMA
CEMENTOS LIMA S.A.
RESOLUCI�N DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 18 de junio de 2010.
VISTO
            El pedido de nulidad de la resoluci�n de fecha 25 de mayo 2010 presentado por el Procurador P�blico Ad-Hoc Adjunto de la Superintendencia Nacional de Administraci�n Tributaria – SUNAT, presentado el 31 de mayo del presente año; y ,
ATENDIENDO A
1.    Que el pedido de nulidad se sustenta a contrario de lo expuesto en la resoluci�n cuestionada, que la SUNAT no particip� en el proceso iniciado por Cementos Lima S.A.
2.    Que efectivamente, dicha entidad no fue parte del proceso en el que se dictaron tanto la sentencia fechada el 10 de agosto de 2009 y su aclaratoria del 22 de marzo de 2010, raz�n por la que en principio, el decreto cuestionado deber�a ser anulado. Sin embargo, existen actos procesales cuyo contenido no puede ser enervado por el Procurador recurrente tales como:
-         Lo dispuesto en la sentencia de fecha 10 de agosto de 2009, en el punto 3. de la parte resolutiva, en el que se expone:
“ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Administraci�n Tributaria que, a partir del d�a de siguiente de notificada la presente sentencia, no aplique el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de octubre de 2007, en lo que respeta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar (<clinker>) y 2523 29 00 00 los dem�s”.
-         Lo expuesto en la �ltima parte del segundo p�rrafo del Fundamento Jur�dico 3 y en los p�rrafos siguientes de la resoluci�n aclaratoria, en la que se precisa –con ocasi�n del pedido de aclaraci�n presentado por el Procurador Adjunto encargado de asumir la defensa de los asuntos judiciales del Ministerio de Econom�a y Finanzas–, que:
“(…) Por ello, en virtud del efecto vinculante de las interpretaciones del Tribunal Constitucional, a partir del d�a siguiente a la publicaci�n de la sentencia, todo poder p�blico se encuentra impedido de aplicar la referida tasa a todo sujeto que se subsuma en su supuesto normativo.

Es �sta la raz�n por la que en la parte resolutiva de la sentencia no se señala que el referido art�culo es solo inaplicable al demandante, pues, en m�rito de la fuerza vinculante de este Tribunal, es inaplicable con un alcance erga omnes.
Y es por ello que las cr�ticas contenidas en el escrito de solicitud de aclaraci�n en relaci�n con el alcance erga omnes de la inaplicaci�n del art�culo 2º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF[1], no son de recibo. Es �sa, justamente, la consecuencia de un control difuso de constitucionalidad de las normas como el ejercido en esta causa, al que acompaña la fuerza vinculante de las interpretaciones que realiza este Tribunal.
Como tampoco es de recibo, por los mismos motivos, que el Procurador pretenda sostener que la SUNAT se encuentra impedida de ejecutar el fallo, alegando un supuesto efecto interpartes de esta sentencia[2].
3.    Que ambas resoluciones fueron notificadas y recepcionadas por la Procuradur�a P�blica Ad Hoc de la SUNAT el 23 y el 30 de marzo de 2010, respectivamente, como se aprecia de los cargos que corren en el cuadernillo del Tribunal Constitucional, por lo que no puede alegar desconocimiento de lo all� ordenado.
4.    Que adem�s, si bien la SUNAT no fue formalmente parte en el presente proceso, s� lo ha sido el Estado Peruano –representado por el Procurador Adjunto encargado de asumir la defensa de los asuntos judiciales del Ministerio de Econom�a y Finanzas–; en consecuencia, como ya lo ha expuesto este Colegiado, corresponde a la SUNAT ejecutar las mismas, en lo que corresponda.
5.    Que por lo tanto, corresponde corregir la imprecisi�n anotada en el decreto del 25 de mayo de 2010 –de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 407º del C�digo Procesal Civil, de aplicaci�n supletoria al presente caso, conforme al art�culo IX del T�tulo Preliminar del C�digo Procesal Constitucional–, as� como desestimar el pedido de nulidad presentado.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constituci�n Pol�tica del Per�,
SE RESUELVE
1.    De oficio, corregir el decreto de fecha 25 de mayo de 2010, expedido por el Presidente (e) del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente tenor:
Al principal: conforme a lo solicitado y conforme a lo ordenado en la sentencia, notif�quese a la Jefa de la Superintendencia Nacional de Administraci�n Tributaria con la documentaci�n solicitada.

2.    Declarar INFUNDADO el pedido de nulidad presentado.
Publ�quese y notif�quese.

SS.
MES�A RAM�REZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
�LVAREZ MIRANDA

[1] Cfr. Escrito de solicitud de aclaraci�n, pp. 4 – 5.

[2] Cfr. Escrito de solicitud de aclaraci�n, p. 6.

Igualdad ante la ley: derecho constitucional aplicable a los negocios

Pronuncimiento del Tribunal Constitucional consagra "igualdad ante la ley"
y declara:

INAPLICABLE el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, que modific� de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en el Decreto Supremo N.º 017-2007-EF, modificadas por los Decretos Supremos N.^os091-2007-EF y 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar y 2523 29 00 00 los dem�s.

La demanda de la acci�n constitucional de amparo fue 11 de enero 2008 y fue declarada improcedente de plano en primera instancia y en las otras dos instancias del Poder Judicial.

La carcater�stica m�s saltante del pronunciamiento es que por mayor�a los integrantes del Tribunal Constitucional decidieron pronunciarse por el fondo en lugar de devolver el expediente al Poder Judicial para que el juez de primera instancia admita la demanda e inicie el proceso de fojas cero.

Una decisi�n que deber�a ser la regla considerando que la devoluci�n del expediente para su tr�mite desde fojas cero implica para el demandante uno o dos años m�s de proceso, lo cual desvrit�a la naturaleza de los procesos constitucionales.

Un fallo bien dado por el Tribunal Constitucional, tanto por sus fundamentos de fondo como de forma.

Derecho a la Igualdad ante la Ley:

El derecho constitucional a la igualdad ante la ley est� garantizada para las personas naturales y tambi�n para las personas jur�dicas y sus negocios.

Las regulaciones y normas legales no pueden colisionar o entrañar afectaci�n de ese derecho constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional trascrita literalmente en esta nota consagra que las normas legales de diferente nivel o jerarqu�a no pueden privilegiar a algunas personas naturales o jur�dicas soslayando a otras en la misma condici�n de hecho o de derecho.

Un magn�fico precedente que puede ser invocado por quienes padecen la afectaci�n de su derecho de igualdad ante la ley.

A continuaci�n, la trascripci�n literal de la sentencia del Tribunal Constitucional.

EXP. N.º 03116-2009-PA/TC
LIMA
CEMENTOS LIMA S.A.
Un fallo bien dado por el Tribunal Constitucional, tanto por sus fundamentos de fondo como de forma.Derecho a la Igualdad ante la Ley:El derecho constitucional a la igualdad ante la ley est� garantizada para las personas naturales y tambi�n para las personas jur�dicas y sus negocios. Las regulaciones y normas legales no pueden colisionar o entrañar afectaci�n de ese derecho constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional trascrita literalmente en esta nota consagra que las normas legales de diferente nivel o jerarqu�a no pueden privilegiar a algunas personas naturales o jur�dicas soslayando a otras en la misma condici�n de hecho o de derecho.Un magn�fico precedente que puede ser invocado por quienes padecen la afectaci�n de su derecho de igualdad ante la ley.A continuaci�n, la trascripci�n literal de la sentencia del Tribunal Constitucional.LIMACEMENTOS LIMA S.A.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 10 d�as del mes de agosto de 2009, el Tribunal Constitucional en sesi�n de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Mes�a Ram�rez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y �lvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Calle Hayen que se agregan
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Cementos Lima S.A. contra la resoluci�n de la S�tima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 258, su fecha 17 de junio de 2008, que confirmando la apelada declara improcedente, in l�mine, la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de enero de 2008 la Sociedad recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Econom�a y Finanzas (MEF), solicitando que se declare inaplicable el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de octubre de 2007, que modific� de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en el Decreto Supremo N.º 017-2007-EF, modificadas por los Decretos Supremos N.^os091-2007-EF y 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s; y que, reponi�ndose las cosas al estado anterior, se ordene que toda importaci�n con cargo a las sub-partidas nacionales referidas paguen la tasa del derecho arancelario ad valorem del 12%.
Alega que la modificaci�n de la tasa de los derechos arancelarios de las sub-partidas nacionales referidas vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida econ�mica de la Naci�n.
El Trig�simo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 22 de enero de 2008, declar� improcedente, in l�mine, la demanda, por considerar que el proceso de acci�n popular constituye la v�a procesal espec�fica, igualmente satisfactoria, para la protecci�n de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, conforme lo establece el inciso 2) del art�culo 5.° del C�digo Procesal Constitucional.
Con fecha 13 de mayo de 2008, el Procurador P�blico Adjunto del Ministerio de Econom�a y Finanzas se apersona al proceso y, con fecha 23 de junio de 2008, expone sus fundamentos sobre la demanda, aduciendo que el decreto supremo cuestionado no vulnera los derechos alegados por la demandante.
La Sala Superior competente confirm� la apelada, por estimar que los hechos y el petitorio no est�n referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
FUNDAMENTOS
§.1. Procedencia de la demanda
1.      Antes de entrar a analizar el fondo de la controversia, es preciso examinar el rechazo in l�mine dictado por las instancias precedentes, pues tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue rechazada liminarmente, argument�ndose, por un lado, que debe recurrirse al proceso de acci�n popular por constituir la v�a procesal espec�fica, igualmente satisfactoria, para ventilar la pretensi�n, y, por otro, que los hechos y el petitorio de la demanda no est�n referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados.
En buena cuenta, corresponde determinar si existe otro proceso judicial para resolver la controversia planteada, y si �ste es igualmente satisfactorio que el proceso de amparo para defender y proteger los derechos constitucionales que se alegan como vulnerados.
2.      Sobre el particular, este Tribunal estima que en el presente caso no cab�a rechazar in l�mine la demanda sino admitirla a tr�mite con el objeto de examinar, entre otros aspectos, si el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF ha afectado los derechos de la demandante a la igualdad ante la ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida econ�mica de la Naci�n.

Ello debido a que el art�culo 3.º del C�digo Procesal Constitucional prev� que en el proceso de amparo se pueda demandar la inaplicaci�n de una norma legal de car�cter autoaplicativa, como sucede en el caso de autos. Adem�s, por la trascendencia de la controversia planteada el proceso de amparo constituye la v�a id�nea y satisfactoria para resolverla, porque la dilucidaci�n de la controversia no requiere la actuaci�n de medios probatorios complejos.
3.      Teniendo presente ello, este Tribunal estima oportuno precisar, de manera enunciativa y no taxativa, en qu� casos un indebido rechazo liminar de la demanda no debe ser revocado, con el efecto de que se devuelvan los actuados y se ordene la admisi�n a tr�mite de la demanda, sino que debe ingresarse a evaluar el fondo de la controversia. As�, en virtud de los principios de celeridad y econom�a procesal y atendiendo a la finalidad subjetiva de los procesos constitucionales, este Tribunal considera que existen determinados supuestos en los que, pese a existir un indebido rechazo liminar de la demanda, resulta procedente ingresar a evaluar el fondo de la controversia planteada, que son los siguientes:
a.       Cuando en autos obren medios probatorios id�neos, suficientes y eficaces que sean de actuaci�n inmediata, instant�nea y autosuficiente, es decir, cuando los hechos alegados no requieran la actuaci�n de medios probatorios complejos.
b.      Cuando el derecho de defensa del demandado se encuentre garantizado, bien porque ha sido notificado del concesorio del recurso de apelaci�n, o bien porque se ha apersonado al proceso y ha expuesto sus fundamentos sobre la pretensi�n demandada.
c.       Cuando la acci�n u omisi�n cuestionada haya sido declarado de manera uniforme y reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como lesiva a los derechos fundamentales, o cuando la acci�n u omisi�n cuestionada haya sido declarado por la jurisprudencia del Tribunal como un comportamiento reiterado y reincidente que genera un estado de cosas inconstitucionales.
d.      Cuando exista un precedente vinculante del Tribunal que haya condenado como lesiva la acci�n u omisi�n cuestionada en la demanda, o cuando el acto cuestionado como lesivo haya sido previamente inaplicado v�a control difuso por el Tribunal, siempre que se presenten los mismos supuestos (juicio de relevancia) para su inaplicaci�n.
4.      Precisados tales supuestos, este Tribunal estima que las instancias inferiores han incurrido en un error al momento de calificar la demanda, por lo que deber�a revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se admita a tr�mite. No obstante ello, y en atenci�n a lo establecido en el punto b) del fundamento precedente, este Tribunal considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que el Procurador P�blico a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Econom�a y Finanzas ha sido notificado del concesorio del recurso de apelaci�n y se ha apersonado y expuesto sus fundamentos sobre la pretensi�n demandada, lo que implica que su derecho de defensa est� garantizado.
§.2. Delimitaci�n del petitorio y de la controversia
5.      La Sociedad demandante pretende que se declare inaplicable el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, que modific� de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s; y que, por consiguiente, se ordene que toda importaci�n con cargo a las sub-partidas nacionales referidas paguen la tasa del derecho arancelario ad valorem CIF del 12%.
Sostiene que el art�culo referido vulnera su derecho a la libertad de empresa porque no la estimula y maximiza y porque la rentabilidad de las empresas productoras de cemento nacional, como es su caso, ser� m�s baja, afect�ndose de este modo la libre competencia.
Asimismo, señala que el art�culo referido lesiona su derecho a la igualdad ante la ley, debido a que arbitrariamente establece un tratamiento diferenciado que resulta err�neo e in�til para lograr promover la eficiencia y la competitividad en la econom�a, pues genera la contracci�n de la demanda del cemento producido en el Per�.
Adem�s, alega que el art�culo referido constituye una desigualdad de trato en el ejercicio de la potestad tributaria del Estado, pues discrimina a las sub-partidas nacionales correspondientes al cemento con relaci�n a otras sub-partidas nacionales, provocando una injustificada dispersi�n arancelaria.

6.      Sobre la base de estos alegatos, este Tribunal considera que la controversia debe centrarse en determinar si el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF vulnera los derechos a la libertad de empresa y a participar en la vida econ�mica de la Naci�n, as� como la libre competencia y el principio-derecho a la igualdad ante la ley.

§.3. An�lisis de la controversia
§.3.1. Libertad de empresa
7.      En una econom�a social de mercado, el derecho a libertad de empresa, junto con los derechos a libre iniciativa privada, a la libertad de comercio, a la libertad de industria y la libre competencia, son considerados como base del desarrollo econ�mico y social del pa�s, y como garant�a de una sociedad democr�tica y pluralista. Coincidente con esta concepci�n, la Constituci�n en su art�culo 60.º reconoce expresamente el pluralismo econ�mico y que la empresa tiene las caracter�sticas de promotora del desarrollo y de sustento de la econom�a nacional.
8.      En este contexto, la libertad de empresa se erige como un derecho fundamental que garantiza a todas las personas a participar en la vida econ�mica de la Naci�n, y que el poder p�blico no s�lo debe respetar, sino que, adem�s, debe orientar, estimular y promover, conforme lo señalan los art�culos 58.º y 59.º de la Constituci�n.
Para ello, el Estado debe remover los obst�culos que impidan o restrinjan el libre acceso a los mercados de bienes y servicios, as� como toda pr�ctica que produzca o pueda producir el efecto de limitar, impedir, restringir o falsear la libre competencia, para lo cual debe formular y establecer todos los mecanismos jur�dicos necesarios a fin de salvaguardar la libre competencia. Por dicha raz�n, el art�culo 61.º de la Constituci�n reconoce que el Estado: a) facilita y vigila la libre competencia; b) combate toda pr�ctica que limite la libre competencia; y c) combate el abuso de posiciones dominantes o monop�licas.
9.      De este modo, cuando el art�culo 59.° de la Constituci�n reconoce el derecho a la libertad de empresa est� garantizando a todas las personas una libertad de decisi�n no s�lo para crear empresas (libertad de fundaci�n de una empresa) y, por tanto, para actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino tambi�n para establecer los propios objetivos de la empresa (libertad de organizaci�n del empresario) y dirigir y planificar su actividad (libertad de direcci�n de la empresa) en atenci�n a sus recursos y a las condiciones del propio mercado, as� como la libertad de cesaci�n o de salida del mercado.
En buena cuenta, la Constituci�n a trav�s del derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad empresarial en condiciones de libertad; as� como la actuaci�n, ejercicio o permanencia, en condiciones de igualdad, de la actividad empresarial y los agentes econ�micos en el mercado y la protecci�n de la existencia de la empresa.
10. Teniendo presente lo señalado, este Tribunal considera que el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF no limita ni restringe alguno de los cuatro tipos de libertades que forman parte del contenido del derecho a la libertad de empresa y que fueron precisados en la sentencia reca�da en el Exp. N.° 03330-2004-AA/TC, por las siguientes razones:
a.       En primer lugar, el art�culo cuestionado no limita ni restringe la libertad de creaci�n de empresa que tiene derecho la demandante, pues �sta ya es una empresa constituida (sociedad an�nima) que tiene por objeto social la fabricaci�n de cemento, cal y yeso.
Asimismo, porque el art�culo cuestionado tampoco le proh�be a la demandante iniciar cualquier tipo de actividad econ�mica legalmente permitida, bien mediante la creaci�n de una nueva empresa, o bien mediante la adquisici�n de una empresa ya existente, ni le excluye alg�n sector econ�mico para el desarrollo de una iniciativa empresarial.
b.      En segundo t�rmino, el art�culo cuestionado no incide directa ni indirectamente en la libertad de organizaci�n de la empresa, ya sea interna o externa, pues no le impone la variaci�n del objeto social elegido, ni le ordena el cambio de nombre, domicilio, o tipo de sociedad. Tampoco el art�culo cuestionado le impone a la demandante una pol�tica de precios, cr�ditos, seguros y contrataci�n de personal para fabricar cemento, cal y yeso, ni el modo de realizaci�n de su actividad econ�mica.
En buena cuenta, el art�culo cuestionado no afecta el libre desarrollo de la actividad empresarial de la demandante, pues su contenido normativo no cambia sus objetivos y fines econ�micos ni modifica o suplanta su poder de direcci�n y organizaci�n de la actividad empresarial, toda vez que no le impone que tipo de cemento, cal o yeso debe fabricar, o la cantidad que debe fabricar, o los d�as en que debe hacerlo.
c.       En tercer t�rmino, el art�culo cuestionado no limita ni falsea la libre competencia para fabricar cemento, cal y yeso. No obstante ello, y porque la demandante aduce la afectaci�n de la libre competencia, este alegato ser� desarrollado in extenso en el fundamento 15.
d.      Finalmente, el art�culo cuestionado tampoco proh�be o impide que la sociedad demandante pueda cesar libremente sus actividades econ�micas en el momento que estime conveniente o salir del mercado. Es decir, que el art�culo cuestionado no impone ning�n deber que obligue a la demandante a continuar indefinidamente realizando su actividad econ�mica.
11. Por estas razones, el Tribunal considera que el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF no afecta ninguna de las cuatro libertades que forman parte del contenido esencial del derecho a la libertad de empresa.
§.3.2. Libre competencia
12. Un aspecto fundamental de una econom�a social de mercado y una consecuencia principal de la libertad de acceso al mercado es la existencia de la libre competencia, sin la cual quedar�a vac�o de contenido el derecho a la libertad de empresa.
Por ello el art�culo 61.° de la Constituci�n delega al legislador la labor de garantizar el acceso al mercado en igualdad de condiciones, al tiempo de reprimir y limitar el abuso de posiciones de dominio o monop�licas a efectos de garantizar no s�lo la participaci�n de los agentes econ�micos, sino de proteger a quienes cierran el circulo econ�mico en calidad de consumidores y usuarios.
13. As�, la libre competencia tiene el car�cter de pautas o reglas de juego del mercado, con arreglo a la cual deben actuar todos los agentes econ�micos y que, en todo momento, ha de ser vigilada y preservada por el Estado, cuya principal funci�n es la de mantener y propiciar la existencia de mercados libres, competitivos y transparentes, as� como la de adoptar todas las medidas necesarias que impidan su obstrucci�n o restricci�n.
Ello debido a que la Constituci�n en sus art�culos 61.º y 65.º, asume la posici�n de que la libre competencia junto con el derecho a la informaci�n, promueven de la mejor manera la satisfacci�n de los intereses de los consumidores y usuarios en el funcionamiento eficiente de los diferentes mercados de bienes y servicios.
14. En este sentido, conviene recordar que este Tribunal en la sentencia reca�da en el Exp. N.º 00018-2003-AI/TC ha precisado que la libre competencia plantea el libre juego de la oferta y la demanda, y presupone la presencia de tres requisitos:
a.       La autodeterminaci�n de iniciativas o de acceso de agentes econ�micos al mercado.
b.      La autodeterminaci�n para elegir las circunstancias, modos y formas de ejecutar la actividad econ�mica (calidad, modelo, volumen de producci�n, etc.), es decir, la libertad de actuaci�n dentro del mercado.
c.       La igualdad de los competidores ante la ley (la no discriminaci�n).
15. Pues bien, teniendo presente el contenido y los presupuestos que configuran la libre competencia, este Tribunal considera que el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF no contraviene el art�culo 61.º de la Constituci�n, por las siguientes razones:
a.       En primer lugar, el art�culo cuestionado no establece una prohibici�n a las empresas fabricantes de cemento para que sigan desarrollando su actividad empresarial, ni las expulsa del mercado en que se desarrollan.
Asimismo, tampoco prev� la prohibici�n de que nuevos agentes econ�micos puedan acceder al mercado de la fabricaci�n del cemento, ni establece condiciones subjetivas de admisi�n al mercado de la fabricaci�n del cemento que sean irrazonables o desproporcionadas, raz�n por la cual no puede considerarse afectada la libre competencia en su aspecto esencial de libertad de acceso al mercado.
b.      En segundo t�rmino, el art�culo cuestionado no limita la libertad de inversi�n de las empresas que se dedican a la fabricaci�n de cemento, pues no les impone la obligaci�n de invertir por una parte ni la prohibici�n de invertir por otra. En igual sentido, debe tenerse presente que el art�culo cuestionado no elimina ni controla la libertad de formaci�n de los precios en el mercado del cemento, raz�n por la cual tampoco puede considerarse afectada la libre competencia.
c.       En tercer t�rmino, el sentido normativo del art�culo cuestionado no produce que el mercado libre, competitivo y transparente de fabricaci�n del cemento se vea limitado, restringido o falseado, toda vez que no incide directa o indirectamente en la libertad de acci�n y elecci�n de los consumidores ni elimina la oferta y la demanda del mercado de cemento.
d.      Finalmente, porque en autos no se encuentra demostrado que el art�culo cuestionado produzca efectos anticompetitivos en el mercado del cemento, pues el acceso a este mercado se encuentra abierto a cualquier agente econ�mico y porque las relaciones comerciales en este mercado no han sido obstruidas.
Asimismo, porque no existen indicios razonables que pongan en evidencia que las demandas de compra o las ofertas de venta de cemento nacional hayan disminuido como consecuencia directa e inmediata del art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, ni que las demandas de compra o las ofertas de venta de cemento importado hayan incrementado como consecuencia directa e inmediata del art�culo cuestionado. En buena cuenta no afecta el comercio del cemento ni lo restringe.
16. Por todas estas razones, este Tribunal considera que art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF no contraviene la libre competencia.
§.3.3. Igualdad ante la ley
17. En cuanto a la violaci�n del derecho a la igualdad, debe recordarse que el inciso 2), del art�culo 2.º de la Constituci�n dispone que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. De este modo, la Constituci�n reconoce un derecho subjetivo a obtener un trato igual aplicable tanto a las personas f�sicas como a las jur�dicas, trato igual que exige que ante supuestos de hecho iguales deban ser aplicadas las mismas consecuencias jur�dicas.
18. En materia econ�mica, el derecho a la igualdad ante la ley y de trato se encuentra reconocido expresamente en los art�culos 60º y 63º de la Constituci�n, en tanto señalan que la “actividad empresarial, p�blica o no p�blica, recibe el mismo tratamiento legal” y que la “inversi�n nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”.
19. Ahora bien, para que el juicio de igualdad pueda efectuarse es necesario que las situaciones subjetivas que vayan a compararse sean, efectivamente, homog�neas o equiparables, raz�n por la cual, toda alegaci�n del derecho a la igualdad precisa para su verificaci�n un tertium comparationis frente al que la desigualdad se produzca, siendo carga del recurrente en amparo aportar un t�rmino suficiente y adecuado de comparaci�n a partir del cual proceder a aplicar el canon de igualdad.
20. Teniendo presente ello, este Tribunal considera oportuno abordar cual es la finalidad constitucional de los aranceles en nuestra econom�a social de mercado, toda vez que el tema controvertido en el presente caso es la regulaci�n de la tarifa arancelaria de las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s.
Al respecto, este Tribunal considera que los aranceles como todo tributo tiene una finalidad impositiva que persigue la realizaci�n del deber de contribuir con el gasto p�blico, pero a su vez, en materia econ�mica tiene una finalidad de promoci�n de la libre competencia, ya que de manera directa o indirecta regulan las actividades econ�micas relacionadas con el comercio exterior.
Por ello, resulta v�lido afirmar que los aranceles tienen como finalidad constitucional favorecer la producci�n nacional, promover la estabilidad econ�mica a trav�s del aumento o disminuci�n, la reducci�n o ampliaci�n de las importaciones que pueden afectar el nivel general de precios y los movimientos de la oferta y la demanda nacional, estimular el crecimiento econ�mico, proteger la industria nacional, promover la inversi�n nacional, controlar los precios, defender a los consumidores e incentivar la competitividad de los productos nacionales.
21. En sentido similar, debemos señalar que en los Lineamientos de Pol�tica Arancelaria aprobados por la Resoluci�n Ministerial N.º 005-2006-EF-15, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de enero de 2006, se destaca que una decisi�n de pol�tica arancelaria debe considerar, entre otros elementos, el balance entre el eventual impacto efectivo sobre producci�n, empleo o recaudaci�n versus aqu�l sobre la eficiencia en la asignaci�n de recursos y el bienestar de la poblaci�n.
Por ello, se señala en los lineamientos referidos que desde un punto de vista de eficiencia econ�mica, la reducci�n de aranceles promueve mejoras en la competencia internacional de los productos producidos en el pa�s y en la productividad de las empresas, as� como permite una mayor satisfacci�n del consumidor. Lo contrario, elevar aranceles, separa a las econom�as de la competencia internacional, beneficiando s�lo a algunos sectores y grupos en t�rminos de ingresos y empleo, a costa de la eficiencia en la asignaci�n de recursos productivos.
22. Pues bien, en el presente caso el mercado relevante es el mercado del cemento, por lo que en aplicaci�n del art�culo 63º de la Constituci�n, la inversi�n nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones, es decir, que debe existir una igualdad de trato tanto en la ley como en su aplicaci�n, a menos que otro pa�s o pa�ses adopten medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el inter�s nacional.
23. En este contexto, debe señalarse que el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, que modific� de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s, no cumple con la finalidad constitucional de los aranceles en una econom�a social de mercado, pues no persigue favorecer la producci�n nacional del cemento, proteger la industria nacional del cemento, promover la inversi�n nacional, o incentivar la competitividad de los productos nacionales.
24. Ello no quiere decir que el Presidente de la Rep�blica, se encuentre impedido de reducir las tarifas arancelarias, por el contrario, constitucionalmente tiene la facultad de regular mediante decretos supremos las tarifas arancelarias (art�culo 118º, inciso 20) de la Constituci�n); sin embargo, dicha regulaci�n no puede afectar el principio de igualdad en materia econ�mica ni desproteger a la inversi�n e industria nacional para favorecer a la inversi�n e industria extranjera.
Teniendo presente ello, este Tribunal considera que la reducci�n de 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales mencionadas, si bien puede constituir un acto de pol�tica arancelaria, resulta ser un acto desproporcionado, y por ende, constitucionalmente prohibido por el principio de interdicci�n de la arbitrariedad, toda vez, que la reducci�n a 0% de las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas, en realidad, constituye un acto de exoneraci�n o exenci�n de tarifas y no una reducci�n que tenga una finalidad constitucionalmente leg�tima.
25. En sentido similar, debe señalarse que no se encuentra demostrado que la medida de reducci�n de las tarifas arancelarias de las sub-partidas nacionales mencionadas persiga una finalidad constitucional leg�tima, pues si bien en los considerandos del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF se señala que dicha medida tiene por objeto promover la eficiencia y competitividad de la econom�a, en autos no existe prueba alguna que respalde dicha consideraci�n o demuestre que ello se est� produciendo. Y es que, no s�lo basta invocar o alegar una finalidad constitucional leg�tima para justificar la medida de tratamiento diferenciado, sino que tambi�n, en algunos casos, es necesario demostrar que efectivamente la medida persigue lograr dicha finalidad, supuesto que no sucede en el caso de autos.
26. De otra parte, debe precisarse que con el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, en lo que respecta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s, se ha beneficiado la importaci�n del cemento, la cual no constituye una actividad econ�mica discriminada o marginada ni un mercado que se halle en circunstancias de debilidad manifiesta que exija medidas de protecci�n especial, como la establecida en el art�culo referido.
Por dicha raz�n, este Tribunal considera que la modificaci�n de 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF de las sub-partidas nacionales referidas contraviene el derecho a la igualdad, porque est� generando un tratamiento desigual entre la inversi�n nacional y la extranjera.
27. En este orden de ideas, resulta v�lido concluir que en virtud del control difuso reconocido en el art�culo 138.° y en el art�culo VI del T�tulo Preliminar del C�digo Procesal Constitucional, tiene que declararse inaplicable el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, en lo que respecta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s.
En igual sentido, este Tribunal considera necesario precisar que en virtud del efecto restitutivo propio de las sentencias de los procesos constitucionales de la libertad, tiene que reponerse las cosas al estado anterior a la violaci�n del derecho a la igualdad producida por la modificaci�n arbitraria de 12% a 0% de las tasas de los derechos arancelarios de las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s. Como consecuencia de ello, se restablece la tasa del 12% de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s, por ser �ste el estado anterior a la violaci�n.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci�n Pol�tica del Per�
HA RESUELTO
1.      Declarar FUNDADA la demanda porque se ha acreditado la vulneraci�n del derecho a la igualdad ante la ley.
2.      INAPLICABLE el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, que modific� de 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en el Decreto Supremo N.º 017-2007-EF, modificadas por los Decretos Supremos N.^os091-2007-EF y 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s.
3.     ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Administraci�n Tributaria que, a partir del d�a de siguiente de notificada la presente sentencia, no aplique el art�culo 2.º del Decreto Supremo N.º 158-2007-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de octubre de 2007, en lo que respeta a las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s.
4.     REPONI�NDOSE las cosas al estado anterior a la violaci�n constitucional del derecho a la igualdad ante la ley, se restablece la tasa del 12% de los derechos arancelarios ad valorem CIF para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s; sin perjuicio de que el Presidente de la Rep�blica pueda regular nuevamente la tasa arancelaria referida conforme al fundamento 24, supra .
Publ�quese y notif�quese.
SS.
MES�A RAM�REZ
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
�LVAREZ MIRANDA
EXP. N.º 03116-2009-PA/TC
LIMA
CEMENTOS LIMA S.A.

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto singular por los fundamentos siguientes:

1.      Con fecha 11 de enero de 2008 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) con la finalidad de que se declare la inaplicabilidad del art�culo 2° del Decreto Supremo N.° 158-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de octubre de 2007, que modific� el 12% a 0% las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidas en los Decretos Supremos N.° 091-2007-EF y N.° 105-2007-EF, para las sub-partidas nacionales 2523 10 00 00 cemento sin pulverizar () y 2523 29 00 00 los dem�s y se establezcan que, reponi�ndose las cosas al estado anterior, se ordene que toda la importaci�n con cargo a las sub partidas nacionales referidas paguen la tasa del derecho arancelario ad valorem CIF del 12%, puesto que con ello se vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida econ�mica de la Naci�n.
2.      El Trig�simo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declar� improcedente la demanda considerando que existe una v�a igualmente satisfactoria para la protecci�n del derecho invocado, conforme lo establece el art�culo 5.2 del C�digo Procesal Constitucional. La Sala Superior competente confirm� el auto de rechazo liminar en atenci�n a lo establecido en el inciso 1) del art�culo 5° del C�digo Procesal Constitucional ya que no se advierte relaci�n entre los hechos expuestos y la afectaci�n a los derechos invocados.
3.      Por lo expuesto tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todav�a no es demandado porque no ha sido emplazado por notificaci�n expresa y formal, corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a tr�mite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es “el recurso interpuesto” y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el prop�sito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervenci�n de este tribunal en relaci�n especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47º del C�digo Procesal Constitucional es copia del articulo 427º del C�digo Procesal Civil en su parte final que dice: “Si la resoluci�n que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondr� en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resoluci�n superior que resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.”, numeral que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado).
4.      Es preciso señalar que al conced�rsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el principio de limitaci�n aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitaci�n de s�lo referirse al tema del cuestionamiento a trav�s del recurso de agravio constitucional, y nada mas. Por ello es que el recurso de apelaci�n concedido y notificado al que deber�a ser considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos para ambas partes.
5.      Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todav�a no es demandado, tiene que pon�rsele en su conocimiento “el recurso interpuesto” y no la demanda, obviamente.
6.      En atenci�n a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad s�lo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo he venido expresando en repetidos votos que excepcionalmente podr�a ingresarse al fondo, para darle la raz�n al demandante, en casos de suma urgencia cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir cuando por ejemplo se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del demandante u otro seg�n la evaluaci�n del caso concreto.
7.      En el presente caso no tenemos una situaci�n urgente que amerite pronunciamiento por parte de este Colegiado, sino mas bien se advierte que existe una demanda de amparo propuesta por una persona jur�dica (sociedad mercantil) habiendo en reiteradas oportunidades expresado mi posici�n respecto a la falta de legitimidad de �stas para interponer demanda de amparo en atenci�n a que su finalidad est� dirigida a incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la Constituci�n habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser humano f�sica y moralmente individualizado. Hacia �l pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo �l quien puede invocar su respeto y protecci�n a t�tulo subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra legislaci�n expresamente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la “persona humana”, por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la vulneraci�n de sus derechos fundamentales v�a proceso constitucional de amparo, exoner�ndoseles de cualquier pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una persona jur�dica, que ve en el proceso constitucional de amparo la forma mas r�pida y econ�mica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional y urgente, puesto que ello significar�a la desnaturalizaci�n total de dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los que este colegiado puede ingresar al fondo de la controversia en atenci�n i) a la magnitud de la vulneraci�n del derecho, ii) que �sta sea evidente y de inminente realizaci�n (urgencia) y iii) que ponga en peligro la propia subsistencia de la persona jur�dica con fines de lucro. Adem�s debe evaluarse el caso concreto y verificar si existe alguna singularidad que haga necesario el pronunciamiento de emergencia por parte de este Colegiado. Siendo as� en este caso solo cabe evaluar de los argumentos esgrimidos en la demanda y de lo actuado en el presente proceso constitucional de amparo si existe alguna raz�n de urgencia para revocar el auto de rechazo liminar y admitir a tramite la demanda, puesto que lo contrario implicar�a confirmar el mencionado auto de rechazo liminar.
En el presente caso
8.      Se observa que la empresa recurrente interpone demanda de amparo solicitando la inaplicaci�n del Decreto Supremo N.° 158-2007-EF, de fecha 13 de octubre de 2007, considerando que �ste vulnera sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la libertad de empresa y a participar en la vida econ�mica de la Naci�n. Se observa del caso lo siguiente:
a)      La empresa actora (sociedad mercantil) denuncia la afectaci�n de derechos constitucionales que dice tener que soportar por la reducci�n al 0% del derecho arancelario ad valorem CIF a traves de la normatividad que señala.
b)      La denuncia de la empresa recurrente de afectaci�n de derechos al empresariado nacional puesto que resulta evidente que por el tratamiento arancelario a favor de las empresas cementeras del exterior, las empresas nacionales obtendr�n menores utilidades.
c)      La posibilidad de afectaci�n de derechos difusos, puesto que la reducci�n en este caso del derecho arancelario al cemento tra�do de otros pa�ses podr�a, finalmente, incidir en el servicio p�blico de Vivienda, necesidad vital en toda sociedad como la nuestra.
9.      Siendo as� considero que no obstante tratarse de una sociedad mercantil existe una situaci�n especial en el presente caso que hace necesario que se eval�e el fondo de la controversia, puesto que se denuncia que con la vigencia del dispositivo cuestionado no s�lo se estar�a afectando a la producci�n nacional, sino tambi�n encontrar�amos involucradas a otras �reas como son la Vivienda y Construcci�n que es una necesidad primordial de nuestra sociedad y que involucra el inter�s de las familias peruanas necesitadas de viviendas. Es as� que el demandante expresa afectaciones directas a sus derechos constitucionales con la emisi�n del cuestionado decreto, por lo que considero pertinente en este caso excepcional revocar el auto de rechazo liminar y admitir a tramite la demanda para que este Colegiado tenga la posibilidad de tener conocimiento como ultima instancia, del fondo de la controversia y verificar si la vigencia de la norma cuestionada afecta realmente los derechos constitucionales de estas personas y no s�lo de la empresa demandante sino tambi�n de otras empresas que se encuentren en la misma situaci�n, as� como de la sociedad en general y comprometer si la afectaci�n tambi�n le alcanza directa o indirectamente, con dichos dispositivos. Cabe señalar que en el caso de autos encontramos por lo expresado en la demanda y del texto del dispositivo cuestionado, que, al parecer, se est� exonerando del pago arancelario a empresas extranjeras, sin que la sociedad se hubiese visto beneficiada en la utilizaci�n de un cemento extranjero en la edificaci�n de sus viviendas a�n mejorando las utilidades para las empresas del exterior, lo que podr� ser pasible de discutirse dentro de un proceso de amparo.
10. Por lo expuesto encuentro suficientes razones que ameritan que este Colegiado admita a tramite la demanda para que ambas partes expresen su posici�n a fin de que se verifique la existencia de vulneraci�n de derechos constitucionales de la empresa demandante.
      En consecuencia mi voto es porque se declare FUNDADO el recurso de agravio constitucional y en consecuencia se debe disponer que se REVOQUE el auto de rechazo liminar disponiendo se ordene al juez de la causa admitir a tramite la demanda de amparo para dilucidar la controversia en su oportunidad.
SS.
VERGARA GOTELLI

EXP. N.º 03116-2009-PA/TC
LIMA
CEMENTOS LIMA S.A.
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO

Con el debido respeto por los argumentos vertidos por los votos en mayor�a, considero que la demanda de amparo interpuesta debe ser declarada IMPROCEDENTE. La sustentaci�n a la posici�n asumida se puede encontrar en los siguientes fundamentos:
§1. Sobre un correcto an�lisis de procedibilidad de la demanda
1.      El primer tema a discutir es si realmente el amparo es el tipo de proceso adecuado para dilucidar sobre la pretensi�n planteada, a la luz de la l�nea jurisprudencial marcada por este Colegiado.
2.      Al respecto, debo partir de la idea que a trav�s del amparo s�lo puede cuestionarse la vulneraci�n de derechos o bienes constitucionales realizada a trav�s de ‘hechos’ de acci�n u omisi�n [art�culo 200º inciso 2) de la Constituci�n]. Por tal raz�n, el amparo est� impedido de analizar en abstracto normas de car�cter general, siendo improcedente prima facie el denominado ‘amparo contra normas’, premisa, sin embargo, que s�lo tiene validez en caso de normas denominadas heteroaplicativas, es decir, aqu�llas que requieren de actos de ejecuci�n intermedios para que reci�n pueda producirse un agravio, de donde se colige que “(...) no es dependiente de su sola vigencia, sino de la verificaci�n de un posterior evento, sin cuya existencia, la norma carecer�, indefectiblemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, por s� misma, alg�n supuesto f�ctico en su supuesto normativo” [fundamento 3 de la STC N.º 4677-2004-PA/TC, siguiendo lo ya señalado en la STC N.º 2308-2004-AA/TC, y mantenida en fundamento 4 de la STC N.º 1576-2007-PA/TC].
3.      Por el contrario, el proceso de amparo es conveniente y adecuado para cuestionar las normas autoaplicativas, “(...) aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada” [art�culo 3º del C�digo Procesal Constitucional]. Un hecho basado en una norma importar� la intervenci�n del juez constitucional para poner coto a la acci�n viciada en su constitucionalidad, en dos casos espec�ficos: cuando existan normas cuyo supuesto normativo en s� mismo genera una incidencia directa sobre la esfera subjetiva de los individuos y cuando existan normas que determinan que dicha incidencia se producir� como consecuencia de su aplicaci�n obligatoria e incondicionada. “En tal sentido, sea por la amenaza cierta e inminente, o por la vulneraci�n concreta a los derechos fundamentales que la entrada en vigencia que una norma autoaplicativa representa, la demanda de amparo interpuesta contra �sta deber� ser estimada, previo ejercicio del control difuso de constitucionalidad contra ella, y determin�ndose su consecuente inaplicaci�n” [fundamento 4 de la STC N.º 4677-2004-PA/TC]. As�, esta norma debe tener eficacia inmediata, esto es, que su aplicabilidad no se encuentre sujeta a la realizaci�n de alg�n acto posterior o a una eventual reglamentaci�n normativa, en la medida en que adquiere su eficacia plena en el mismo momento en que entra en vigencia [STC N.º 1535-2006-PA/TC].
4.      Lo que cabe, entonces, determinar es si el Decreto Supremo N.º 158-2007-EF en s� importa una violaci�n de derechos fundamentales y por lo tanto, plausible de ser cuestionado por intermedio del amparo. Sobre el tema, la jurisprudencia constitucional en materia de normas autoaplicativas de car�cter tributario, ha sido uniforme al expresar que ellas deben incidir en ‘forma directa’ en el �mbito subjetivo de los demandantes, m�xime si como se vio, este tipo de normas se exhiben como una excepci�n al ‘amparo contra normas’. En este marco, por consiguiente, es admisible y constitucional que se hayan considerado fundadas demandas de amparo que atacaban normas que impon�an una determinada tasa [STC N.º 0606-2008-PA/TC o STC N.º 2724-2007-PA/TC]; que imputaban requisitos previos a cualquier acotaci�n al pago [STC N.º 1576-2007-PA/TC]; o, que vinculaban al demandante con un tributo al ser sujeto pasivo del mismo [STC N.º 2302-2003-AA/TC]. Quien estaba obligado al pago de dicho tributo, encontraba en dichas normas una afectaci�n directa al mandato constitucional que lo afectaba directamente, por lo que era viable plantear el amparo.
5.      En el caso concreto, la norma impugnada est� reduciendo el porcentaje -y el pago- de un determinado arancel tributario sobre la importaci�n de cemento. Son los importadores de cemento a quienes se les aplica la nueva tasa, pero antes que violentados en su derecho, se encuentran favorecidos con la emisi�n del decreto supremo, por lo que tiene sentido que no hayan presentado demanda alguna. Quien la ha interpuesto no es quien se ve afectado ‘directamente’ por el mencionado decreto supremo. Por el contrario, es una empresa que �nicamente como correlato de la aplicaci�n de la norma a dichos importadores, se siente afectada, insisto, no de forma directa, como se requiere en las autoaplicativas, sino de manera indirecta. Nadie duda que la norma cuestionada en el amparo puede tener incidencia en derechos de la empresa demandante, pero ello no importa en s� misma que la mera daci�n del decreto supremo los est� afectando, como la jurisprudencia constitucional uniforme lo exige. La ‘relaci�n directa’ de la demandante con la norma, en conclusi�n, es palmariamente inexistente.
6.      En el caso concreto, aparte de no contar con tal legitimidad, ni siquiera la norma es autoaplicativa. No se puede desdibujar el concepto de norma autoaplicativa, en vista que su supuestamente afectaci�n reci�n podr�a producir al momento de realizarse una determinada importaci�n. La naturaleza de la norma autoaplicativa ya explicada importa que su utilizaci�n deba realizarse s�lo cuando corresponda de manera excepcional, en virtud del modelo ilustrado en el art�culo 200º, inciso 2) de la Constituci�n, y desarrollado en el art�culo 3º del C�digo Procesal Constitucional, que en principio deniega la posibilidad del ‘amparo contra normas’.
7.      Todo proceso constitucional importa el cumplimiento de dos fines: protecci�n de la primac�a de la Norma Fundamental y tutela de derechos fundamentales [art�culo II del T�tulo Preliminar del C�digo Procesal Constitucional], pero no puede equivocarse un Tribunal en calibrar lo que est� proponi�ndose en un proceso de control concreto, cuando en estricto se refiere a uno de control abstracto. Mal har�a este Colegiado en admitir en una demanda de amparo, lo que es propio de la acci�n popular. Este proceso “(...) procede, por infracci�n de la Constituci�n y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de car�cter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen”. Una demanda de acci�n popular, entonces, es lo que corresponder�a en el caso de autos, y que no ha tomado en cuenta los votos en mayor�a. Reitero que el Tribunal Constitucional ha sostenido en la STC N.° 2308-2004-AA/TC, que el inciso 2) del art�culo 200° de la Constituci�n no contiene una prohibici�n para cuestionar, mediante el amparo, leyes que puedan ser lesivas en s� mismas de derechos fundamentales, sino una simple limitaci�n que pretende impedir que a trav�s de un proceso cuyo objeto de protecci�n son los derechos constitucionales se pretenda impugnar en abstracto la validez constitucional de las normas con rango de ley. En el caso, lo que en el fondo est� busc�ndose es el an�lisis de constitucionalidad en abstracto de la norma incoada, por lo que tomando en cuenta el rango de un decreto supremo insisto en que, en todo caso, debi� utilizarse la acci�n popular.
8.      A prop�sito, mal hacen los juzgadores constitucionales de primer y segundo grado que declaran la acci�n popular como v�a igualmente satisfactoria, como tambi�n est�n errados los votos en mayor�a cuando estipulan que ella no lo es (fundamento 2 in fine). El uso de la terminolog�a prevista en el art�culo 5º, inciso 2) del C�digo Procesal Constitucional no atañe a la situaci�n planteada. Este dispositivo est� referido a plantear al amparo -y otros procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales- como un proceso subsidiario, esto es, que tras la determinaci�n de la posible vulneraci�n de un espec�fico derecho, no exista proceso ordinario alguno capaz de tutelar de la misma forma la pretensi�n planteada, sobre la base de un contenido constitucionalmente protegido. Como uno se puede dar cuenta, la acci�n popular no tiene correspondencia alguna con el concepto de v�a igualmente satisfactoria, al no versar directamente sobre una tutela concreta de derechos fundamentales, sino en l�nea de principio al an�lisis abstracto de validez normativa. La demanda entonces tiene que ser calificada como improcedente, porque no tiene asidero invocar la causal alegada.
9.      De otro lado, es llamativo que la pretensi�n se restrinja �nicamente a la inaplicaci�n de una norma, a trav�s de un control difuso constitucional, y que �sta no est� vinculada con una pretensi�n referida a la tutela de derechos l�quidos y concretos del accionante. En el marco de un proceso de amparo, es v�lido realizar el control difuso, el cual “(...) constituye un poder-deber del Juez al que el art�culo 138º de la Constituci�n habilita en cuanto mecanismo para preservar el principio de supremac�a constitucional y, en general, el principio de jerarqu�a de las normas enunciado en el art�culo 51º de nuestra norma fundamental” [fundamento 16 de la STC N.º 1383-2001-AA/TC], siendo un acto complejo en la medida que significa preferir la aplicaci�n de una norma, tras la verificaci�n en cada caso de los siguientes presupuestos: que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnaci�n sea un acto que constituya la aplicaci�n de una norma considerada inconstitucional; que la norma a inaplicarse tenga una relaci�n directa, principal e indisoluble con la resoluci�n del caso; que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constituci�n.
10. Sin embargo, plantear una demanda con el �nico prop�sito de inaplicar una norma, como sucede en el caso concreto, significar�a reemplazar la acci�n popular -o en su caso, la inconstitucionalidad- por un proceso de tutela de derechos fundamentales -espec�ficamente, el amparo-, sin que medie una pretensi�n particular para quien plantea la demanda, como s� se presentaban en las sentencias antes citadas que versaban sobre normas tributarias, en las cuales b�sicamente se cuestionaba el no-pago de un determinado tributo que lo afectaba. En el caso concreto, no habr�a tal pretensi�n principal. Ser�a como suplir la acci�n popular o la inconstitucionalidad (sobre todo, �sta que tiene especiales legitimados activos ad processum) por una especie de actio popularis para proteger un inter�s particular. Esto es prima facie inadmisible desde la teor�a procesal constitucional.
11. Asimismo, en el supuesto negado que no sea procedente la demanda planteada, tampoco comparto los criterios vertidos por los votos en mayor�a (fundamentos 3 y 4) que repite los argumentos del voto singular de un magistrado en la STC N.º 2364-2008-PHC/TC, referido al ingreso al fondo de la controversia constitucional pese a la existencia de una improcedencia in limine. Para tal caso deber�a aplicarse la jurisprudencia ya existente por este Colegiado, seg�n el cual es v�lido ingresar al fondo del asunto cuando se evidencia que: (a) en primer lugar, que existen todos los recaudos necesarios como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo; (b) en segundo lugar, que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados, quienes fueron notificados; y, (c) por �ltimo, es innegable la importancia y trascendencia del caso por las cuestiones que el conlleva [fundamento 21 de la STC N.º 4587-2004-AA/TC]. Pese a ello, el estudio sobre el tema se presenta bastante limitado, sin interpretar con consistencia, por qu� ingresar al fondo del asunto en el caso concreto. Es m�s, podr�a declararse nulo todo lo actuado, y remitir los actuados al juez de primer grado para que admita la demanda y corra traslado de la misma.
12. Siguiendo tambi�n con la hip�tesis negada de la validez de considerar la norma como autoaplicativa, atañe revisar el cumplimiento del plazo para interponer la demanda hubiera sido de sesenta d�as h�biles de producida la afectaci�n [art�culo 44º del C�digo Procesal Constitucional] . La norma incoada fue publicada el 13 de octubre de 2007 y la demanda interpuesta el 11 de enero de 2008, por lo que han transcurrido m�s de 60 d�as (en octubre de 2007, 13 d�as; en noviembre de 2007, 21 d�as; en diciembre de 2007, 20 d�as; en enero de 2008, hasta el 10, 7 d�as m�s). Por ello, en virtud del art�culo 5º, inciso 10) del C�digo Procesal Constitucional, existe otro motivo de peso m�s para rechazar el pedido realizado. En caso de considerarse la vulneraci�n continua, y por lo tanto no plausible de ser declarada prescrita la acci�n, mal har�a este Colegiado en no explicar los fundamentos de por qu� hacerlo, y simplemente asumir como v�lida esta supuesta explicaci�n, a mi entender, no del todo sustentable.
13. De lo argumentado, es m�s que claro que la demanda debe ser declarada improcedente por no reunir los presupuestos necesarios del amparo, al no haberse demostrado afectaci�n subjetiva directa de una norma autoaplicativa, y por haber prescrito la acci�n. No obstante, y en vista de la forma en que se ha decidido en el fallo en mayor�a, considero v�lido dejar sentadas algunas cuestiones de fondo sobre el asunto, pese a que quien le tocar�a dilucidar la cuesti�n ser�a al juez constitucional del Poder Judicial a trav�s de la acci�n popular.
§2. Sobre la afectaci�n constitucional que pudiese existir
14. En virtud de la naturaleza objetiva y subsidiariamente subjetiva del control de constitucionalidad abstracto [fundamento 2 de la STC N.º 0002-2005-PI/TC] y tomando en cuenta sus funciones de pacificaci�n, valoraci�n y ordenaci�n [fundamento 47 de la STC N.º 0019-2005-PI/TC], por ser una instituci�n de di�logo social y de construcci�n pac�fica de la sociedad plural [fundamentos 2 y 3 de la STC N.º 0048-2004-PI/TC y fundamento 10 de la STC N.º 5854-2005-PA/TC], asume situaciones concretas a la hora de analizar la validez constitucional de una norma como la que se cuestiona.
15. Los votos en mayor�a centran su an�lisis en la supuesta violaci�n abstracta de derechos, no obstante que no corresponder�a realizar tal examen a trav�s del amparo, seg�n he expuesto, tampoco han logrado acreditar violaci�n l�quida y concreta alguna de derechos. Ahora, si bien es l�gico argumentar que la norma cuestionada puede tener incidencia en derechos fundamentales, algo muy distinto es pretender que la afectaci�n alegada puede significar un control v�a el proceso de amparo. En primer lugar, consideran la inexistencia de la afectaci�n de la libertad de empresa (fundamentos 7, ss.) y de la libre competencia (fundamentos 12, ss.), ambos derechos fundamentales de contenido econ�mico �ntimamente relacionados y reconocidos en los art�culos 59º y 60º de la Constituci�n respectivamente. Frente a ello, razonan que s� ha existido una vulneraci�n del derecho a la igualdad [art�culo 2º, inciso 2) de la Constituci�n], b�sicamente porque el decreto supremo impugnado no ha cumplido con la finalidad constitucional de los aranceles, cual es favorecer y promover la industria nacional (b�sicamente, fundamento 23).
16. La forma en la que se est� llegando en dichos votos a dicha conclusi�n, parece referirse, antes que a un control concreto, a uno abstracto de constitucionalidad, abon�ndose a�n m�s a la posici�n que he señalado supra de la improcedencia de la demanda. Basta revisar que han considerado que el Decreto Supremo N.º 158-2007-EF se exhibe como desproporcional al constituir “(...) un acto de exoneraci�n o exenci�n de tarifas y no una reducci�n que tenga una finalidad constitucionalmente leg�tima” (fundamento 24), adem�s de no poder demostrarse una finalidad leg�tima, esto es, si bien “(...) se señala que dicha medida tiene por objeto promover la eficiencia y competitividad de la econom�a, en autos no existe prueba alguna que respalde dicha consideraci�n o demuestre que ello se est� produciendo” (fundamento 25). Pero lo señalado, ¿es correcto? Para responder tal interrogante, dejar� sentada algunas consideraciones.

17. La industria del cemento en el pa�s, tal como ha quedado demostrado en el expediente, est� dividida entra la producci�n nacional, tal como es la empresa demandante, y la importaci�n de bienes extranjeros. El an�lisis que realizan los votos en mayor�a se centra en la situaci�n de desigualdad que estar�a produci�ndose al anularse el arancel aduanero, lo cual favorecer�a a esta �ltima actividad. Pese a que la industria nacional y extranjera est�n obligados a encontrarse en una situaci�n de igualdad [art�culo 63º de la Constituci�n], el an�lisis que corresponde al caso concreto debi� centrarse en el examen del tipo de producto que ingresa al pa�s, con independencia del lugar de origen de la inversi�n o el tipo de empresa que realiza la actividad empresarial, bajo la l�gica de un test de igualdad [Vid. STC N.º 0045-2004-AI/TC]. Por cuanto, quiz�s una empresa comercializadora nacional puede importar cemento extranjero, y la norma constitucional lo est� favor